Calculadora Ley General de Discapacidad

Cómo se calcula la cuota

La cuota se calcula sobre el promedio de trabajadores del año anterior, o del periodo de actividad si la empresa tiene menos de un año de antigüedad. Se computa la plantilla total de todas las provincias y centros de trabajo, no centro por centro.

Qué discapacidades computan

Todas las discapacidades reconocidas oficialmente con un grado igual o superior al 33 %, incluyendo discapacidades físicas, sensoriales, intelectuales y psicosociales. El reconocimiento debe estar vigente y ser emitido por los servicios competentes de las Comunidades Autónomas.

Tres vías válidas de cumplimiento

La ley reconoce tres formas de cumplir con la obligación:

• Contratación directa de personas con discapacidad para alcanzar el 2 % de la plantilla.
• Contratación con un Centro Especial de Empleo (CEE) para la prestación de servicios o suministro de materiales.
• Donación o patrocinio a fundaciones u otras entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la inserción laboral de personas con discapacidad.

Obligaciones de documentación y acreditación

Las empresas que optan por medidas alternativas deben obtener un certificado anual acreditativo del cumplimiento, emitido por la entidad con la que colaboran (CEE o fundación). Este certificado es imprescindible en caso de inspección de trabajo.

Comunicación a la autoridad laboral

Las empresas con medidas alternativas deben comunicar anualmente la medida adoptada a la autoridad laboral de su Comunidad Autónoma, antes del 31 de octubre de cada año para el ejercicio en curso.

Bonificaciones en cuotas de la Seguridad Social

Por cada trabajador con discapacidad contratado de forma indefinida, la empresa puede bonificarse entre 3.500 y 6.300 euros anuales en cuotas de Seguridad Social, según el grado de discapacidad, edad y sexo del trabajador. En contratos temporales, el ahorro es del 50 %.

Deducción en el Impuesto sobre Sociedades

El artículo 38 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades permite deducir 9.000 euros por cada persona con discapacidad contratada a jornada completa (o la parte proporcional en caso de jornada parcial), siempre que el contrato sea indefinido y la persona tenga una discapacidad de al menos el 33 %.

Acceso a licitaciones públicas y contratos con la administración

La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) permite a los órganos de contratación valorar positivamente en los criterios de adjudicación el cumplimiento de medidas de integración de personas con discapacidad. Empresas incumplidoras pueden quedar excluidas en determinados contratos.

Reputación corporativa y ESG

Las empresas que cumplen y comunican su compromiso con la LGD mejoran su puntuación en criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), lo que facilita el acceso a financiación responsable, mejora la percepción de marca y atrae talento comprometido con la diversidad.

Fidelización de empleados y retención de talento

Las empresas inclusivas registran tasas más bajas de absentismo y rotación entre sus empleados. La integración de personas con discapacidad contribuye a crear culturas organizativas más sólidas, con mayor sentido de pertenencia y compromiso.

Subvenciones y ayudas adicionales

Muchas Comunidades Autónomas ofrecen subvenciones adicionales por la contratación de personas con discapacidad, como ayudas a la adaptación del puesto de trabajo o financiación de la formación del trabajador. El importe varía por CCAA.

Paso 1: Calcula tu obligación

Determina el número exacto de personas con discapacidad que debe haber en tu plantilla. La fórmula es: (número total de trabajadores) × 2 %. Si el resultado no es un número entero, se redondea al entero más próximo por exceso.

Paso 2: Elige tu vía de cumplimiento

Tienes tres opciones legales: contratación directa de personas con discapacidad, acuerdo de prestación de servicios con un Centro Especial de Empleo, o donación a una fundación acreditada. Las vías CEE y donación no son excluyentes y pueden combinarse.

Paso 3: Obtén el certificado acreditativo

Si optas por medidas alternativas, la entidad colaboradora (CEE o fundación) te expedirá el certificado de cumplimiento. Guárdalo porque la Inspección de Trabajo puede solicitarlo en cualquier momento.

Paso 4: Comunica la medida adoptada

Informa a la autoridad laboral de tu Comunidad Autónoma de la medida alternativa adoptada antes del 31 de octubre de cada año. El procedimiento varía por CCAA; en algunas se realiza de forma telemática a través del portal de la Consejería de Empleo.

Paso 5: Mantén la documentación actualizada

El cumplimiento de la LGD es un proceso continuo. Cada vez que contrates un trabajador con discapacidad, actualiza el registro interno. Si la plantilla varía y superas o bajas de 50 trabajadores, la obligación cambia. Realiza una revisión anual.

¿Cuándo se puede optar por medidas alternativas?

Solo cuando existe una causa de imposibilidad técnica, productiva, organizativa o económica debidamente justificada, o cuando no haya demanda de empleo de personas con discapacidad con el perfil requerido, acreditada por el Servicio Público de Empleo. La medida alternativa es excepcional, no la norma.

Cómo puede ayudarte Fundación Juan XXIII

Fundación Juan XXIII lleva más de 60 años promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad. Puedes cumplir la LGD mediante nuestro Centro Especial de Empleo o a través de acuerdos de patrocinio. Gestionamos todo el proceso de acreditación.

Infracción grave (art. 15 LISOS)

No cumplir con la obligación de contratar o aplicar medidas alternativas se tipifica como infracción grave. La sanción oscila entre 626 y 6.250 euros. En caso de reincidencia, se aplica el grado superior.

Infracción muy grave (art. 16 LISOS)

El incumplimiento reiterado o cuando la empresa no acredita ninguna de las tres vías de cumplimiento puede calificarse como muy grave, con sanciones entre 6.251 y 187.515 euros, dependiendo del número de trabajadores afectados y la gravedad de la conducta.

¿Quién inspecciona el cumplimiento?

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) es el organismo encargado de verificar el cumplimiento de la cuota de reserva. Puede actuar de oficio, a instancias de una denuncia o en el marco de campañas de control sectoriales.

¿Cuándo prescriben las sanciones?

Las infracciones graves prescriben a los tres años desde la comisión de la infracción. Las muy graves, a los cinco años. El plazo se interrumpe desde el levantamiento del acta de infracción por la Inspección de Trabajo.

Consecuencias adicionales al incumplimiento

Más allá de la sanción económica, las empresas incumplidoras pueden perder el acceso a subvenciones públicas, bonificaciones de Seguridad Social y ser excluidas de licitaciones y concursos con la Administración Pública durante el periodo de incumplimiento.